(Marcus et al., 2023) reporta que aproximadamente el 30% de la población desplazada que llegaron a Baja
California son menores de edad y las causas de ese desplazamiento son principalmente por el crimen
organizado, violencia familiar y de género (Marcus et al., 2023). Por otra parte, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas Para los Refugiados (ACNUR, 2010), desde la perspectiva en el componente de verdad, justicia y
reparación propone que en el tránsito del DFI se garantice el goce de los derechos humanos de los menores.
En cuanto a México, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derecho
Humanos (CMDPDH) los estados afectados por este fenómeno son: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Guerrero Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas. En ese sentido, en 2021 se registró la incidencia más alta por este fenómeno de DFI por violencias
ejercidas, cercana de duplicar los registros en el año anterior (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos [CMDPDH], 2022). Precisamente, las niñas, niños y jóvenes de cero a 19 años hasta el
2020, representaban el 26% de las mujeres y el 29% de varones víctimas de DFI en México por motivos de
inseguridad delictiva o violencia (Derechos de la infancia y adolescencia en México, 2022). En otro tenor, según
el censo del 2020, casi la mitad de las migraciones internas por inseguridad delictiva o violencia venían de tres
estados: el 24.1% del Estado de México; el 20.8% de la Ciudad de México y el 8.1% del estado de Guerrero
(Red por los Derechos de la infancia y adolescencia en México, 2022).
Para contextualizar la situación de DFI que se experimenta en el estado, es importante destacar que Guerrero
es una zona rica en minerales como oro, plata, plomo, cobre, mercurio y zinc (Servicio Geológico Mexicano,
2020); además, rica en maderas finas y los grupos delincuenciales tiene el control total de su extracción de
manera clandestina, dentro de los municipios más afectados por esta situación según el diario La Jornada
(2023), son Chilpancingo, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Atoyac de Álvarez, Técpan
de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y La Unión; de los
cuáles, Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan son a los que pertenecen esta comunidad. Por tal motivo, la
codicia de los grupos delincuenciales ha originado que, mediante amenazas, el ejercicio de varios tipos de
violencia y hasta los asesinatos de los habitantes de esas áreas, por preservar su vida y la de sus familias, tienen
que emigrar a lo incierto, obligándolos a dejar todas sus pertenencias en ese lugar.
Lamentablemente, en el estado de Guerrero, aproximadamente, 22 890 personas fueron desplazadas en 2021
por la violencia experimentada en sus comunidades, principalmente de Tierra Caliente y la Montaña y ejercidas
por caciques y grupos criminales de la región (Ramos Colín, 2022). Las personas desplazadas de la Sierra de
Guerrero representan un grupo de población vulnerables; en ese sentido, en dicha población se ven afectados
varios de sus derechos fundamentales: Derecho a la vida, a la prioridad de asegurarles protección, a la identidad,
a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano
desarrollo integral, al acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la inclusión y a la educación
(Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 2018).
Que al ser víctimas de DFI ponen en riesgo su vida y su seguridad. En ese sentido, para salvaguardar su vida y
la de su familia por situaciones de violencia criminal y por proteger sus bosques y minas, tienen que migrar a
otra comunidad con lo mínimo que puedan llevarse, después de haberlos amenazado o haber asesinado a algún
familiar o vecino de la comunidad, dejando sus tierras, ropa, muebles, ganado, documentos, plantas y parte de
su vida en ese transitar de su lugar de origen hacia lo incierto, se vulneran sus derechos humanos básicos
como: el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a una vivienda, a vivir en ambientes de paz y