Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Rev. estud. psicol. (2024). Vol. 4 Núm. 2 págs. 56-67
Revista Estudios Psicológicos
https://estudiospsicologicos.com
ISSN: 2788-6492 / E-ISSN: 2788-6506
Editada por:
Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú
ARTÍCULO ORIGINAL
Violencia institucional en atención por casos de violencia de género en
Comisarías de Familia de Tunja, Boyacá, Colombia
Institutional violence in the handling of gender-based violence cases in Family Police Stations in
Tunja, Boyacá, Colombia
Violência institucional no atendimento a casos de violência de gênero em Delegacias de Família em Tunja,
Boyacá, Colômbia
Tatiana Sosa
1
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja – Boyacá, Colombia
https://orcid.org/0009-0005-3528-8731
karentatianasorarojas519@gmail.com (correspondencia)
DOI: https://doi.org/10.35622/j.rep.2024.02.004
Recibido: 28/05/2024 – Aceptado: 15/06/2024 – Publicado: 02/07/2024
PALABRAS CLAVE
comisarías de familia,
género, violencia,
vulneración.
RESUMEN. La presente investigación tuvo como objetivo analizar los hechos de violencia
institucional y vulneración experimentados por mujeres en la denuncia por violencia de género en
Comisarias de Familia de la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. La investigación fue cualitativa
apoyada en un diseño narrativo de tópicos, la técnica de recolección de información fue la entrevista
con el instrumento de guía de preguntas semi estructuradas, las fuentes se seleccionaron por
muestreo no probabilístico por conveniencia, en total 25 mujeres que fueron denunciantes por
violencias basadas en género. Los resultados se presentan según las fases de atención integral
que se desarrollan en estos despachos, permitieron hallar que, se presentan comportamientos de
revictimización, omisión y acción coercitiva en la descripción de los hechos punibles y en todo el
ciclo de atención por parte de los funcionarios, hay objetivación de carácter simbólico ante los
hechos de violencia que cronifican las secuelas de la experiencia traumática del acto vulnerador,
negligencia por acciones administrativas sesgadas ante el perfil de riesgo de la víctima y en
consenso a la toma de medias de protección e indebida diligencia por el entramado burocrático y
de accionar interdisciplinario. Se concluye que esta vulneración esta generada a raíz de aspectos
burocráticos que limitan el debido proceso, falta de formación complementaria y cualificación del
talento humano con enfoque de género.
KEYWORDS
family police stations,
gender, violations,
violence.
ABSTRACT. This research aimed to analyze the acts of institutional violence and violation
experienced by women when reporting gender violence at Family Police Stations in the city of
Tunja, Boyacá, Colombia. The study was qualitative, supported by a narrative design of topics, and
the technique for gathering information was the interview with a guide of semi-structured questions.
The sources were selected through non-probabilistic convenience sampling, totaling 25 women
who reported gender-based violence. The results are presented according to the phases of
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Magister en Derechos Humanos por la Universidad Pedagógica y Tecnológica, Colombia.
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comprehensive care that are developed in these offices, allowing us to find that there are behaviors
of revictimization, omission, and coercive action in the description of the criminal acts and
throughout the entire care cycle by the officials. There is objectification of a symbolic nature in the
face of acts of violence that chronify the sequelae of the traumatic experience of the violating act,
negligence due to biased administrative actions concerning the victim's risk profile, and consensus
on taking protective measures and undue diligence due to the bureaucratic network and
interdisciplinary action. It is concluded that this violation is generated due to bureaucratic aspects
that limit due process, lack of complementary training, and qualification of human talent with a
gender perspective.
PALAVRAS-CHAVE
delegacias de família,
gênero, violação,
violência.
RESUMO. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os atos de violência institucional e violação
experimentados por mulheres ao denunciar violência de gênero nas Delegacias de Família da
cidade de Tunja, Boyacá, Colômbia. A investigação foi qualitativa, apoiada em um desenho narrativo
de tópicos, e a técnica de coleta de informações foi a entrevista com um guia de perguntas
semiestruturadas. As fontes foram selecionadas por amostragem não probabilística por
conveniência, totalizando 25 mulheres que denunciaram violências baseadas em gênero. Os
resultados são apresentados de acordo com as fases de atendimento integral que se desenvolvem
nesses escritórios, permitindo constatar que há comportamentos de revitimização, omissão e ação
coercitiva na descrição dos fatos puníveis e em todo o ciclo de atendimento por parte dos
funcionários, há objetivação de caráter simbólico frente aos atos de violência que cronificam as
sequelas da experiência traumática do ato violador, negligência por ações administrativas
enviesadas ante o perfil de risco da vítima e em consenso na tomada de medidas de proteção e
indevida diligência pelo emaranhado burocrático e de atuação interdisciplinar. Conclui-se que essa
violação é gerada devido a aspectos burocráticos que limitam o devido processo, falta de formação
complementar e qualificação do talento humano com foco em gênero.
1. INTRODUCCIÓN
La violencia institucional o también llamada victimización secundaria, ha venido emergiendo dentro de las
categorías de los estudios del género (Bodelón, 2014), esto debido a los impactos y hallazgos generados en
materia de vulneración de derechos a raíz del uso de acciones, hechos u omisiones por las instituciones
(Perelman & Tufró, 2017) y sus funcionarios al generan nuevos impactos emocionales y conductuales en la
víctima cuando se ingresa al sistema de justicia (Gil Ruiz, 2014).
De acuerdo con Tiscornia (2017) el discurso de profundizar sobre este tema también se ha adjudicado a raíz de
los aportes brindados por el bloque de constitucionalidad de las convenciones internacionales, declaraciones y
tratados sobre la violencia contra la mujer, los cuales se han adquirido dentro de la política social y normativa
legal vigente en Colombia, en las cuales se ha hecho explicito la necesidad de comprender los padecimientos
que han experimentado las mujeres a lo largo de la historia, no solo desde los agresores sino también desde
el papel del Estado (Saldarriaga Quintero, 2020). Como lo plantean Pérez-Mendoza (2013) esta forma resulta
ser una modalidad de violencia estructural que genera una privación elemental de las necesidades humanas
mediante el funcionamiento de las instituciones garantes.
Particularmente, en Colombia la violencia institucional con enfoque a la atención en denuncias por violencia
basadas en género, se ha incluido dentro de la agenda pública, ese fenómeno se ha expuesto debido a que no
solo consolida limitaciones a nivel de acceso a la justicia (Durán Palacio et al., 2022) y el restablecimiento del
derecho de la víctima sino una cronificación de las secuelas psicológicas del acto vulnerador que ha
experimentado previamente.
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A diferencia de los estudios realizados en otros países latinoamericanos con referencia a la atención por
violencias institucionales con enfoque de género, se halla que los aportes comparten factores como el régimen
burocrático en el ciclo de atención, la estigmatización del acto vulnerador hacia la víctima, reiterada narrativa de
los hechos ante cada instancia, entre otros. Sin embargo, para el caso de Colombia, existe una normativa fuerte
que se ha venido expidiendo en estos temas que refleja el concepto de verdadero procedimiento para evitar
estos agravantes en la función pública y el proceso de atención, tal como se halla en la guía pedagógica para
Comisarías de Familia.
No obstante, a pesar de la data de estos lineamientos por los cuales se debe regir la atención integral, según
Cortés Albornoz (2015) persisten eventos generan la vulneración en el acceso a la justicia, algunos ligados a la
falta de formación del personal que desarrolla la función pública o selección de profesionales con enfoques
adecuados para la atención integral. Cabe resaltar que, las investigaciones en violencia institucional en
Comisarias de Familia son escasas, y aquellas que ilustran datos han sido generadas desde ciudades donde de
primera y segunda categoría y no desde aquellos pueblos de cuarta y quinta categoría que cuentan con
poblaciones denunciantes que desconoce n sus derechos y el verdadero proceso de atención por estos
despachos.
Ahora, en el departamento de Boyacá los estudios sobre violencia se han enfocado y privilegiado en otras
variables como la economía, física, psicológica, patrimonial, y sobre todo de género como categoría emergente
(Coronado, 2023; Carrero, 2023), sin embargo, los hallazgos sobre la revictimización y actos de vulneración
ejercidos por funcionarios públicos en entidades de restablecimiento de derechos, no ha sido un tema ampliado
por la academia e investigadores de las ciencias sociales y humanas. Dichos aspectos como lo plantea
Hernández Libreros (2023) han limitado reconocimiento de los efectos, causas y consecuencias que gestan
estas situaciones de violación a los derechos humanos derivada de las mismas instituciones del Estado e incluso,
de comprender la percepción de la víctima ante estos hechos como experiencia traumática.
En ese orden de ideas, nace el interés investigativo de analizar los hechos de violencia institucional y vulneración
experimentados por mujeres en la denuncia por violencia de género en Comisarias de Familia de la ciudad de
Tunja, Boyacá, Colombia, inicialmente teniendo en cuenta que los hallazgos pueden ser base de estudios o
referencia local a nivel departamental para ampliar y ahondar la situación y realidad de las entidades garantes y
de su personal en el ejercicio de la función pública, así mismo, en visibilizar las narrativas de las experiencias
de las mujeres en territorios donde no todos cuentan con el conocimiento de sus derechos y de la atención con
enfoque de género.
2. MÉTODO
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo apoyado en un diseño narrativo de tópicos,
de acuerdo con Salgado Lévano (2007) entendiendo que se privilegió el análisis e interpretación de los
significados y experiencias vividas de las mujeres denunciantes en el acceso al sistema de justicia y
restablecimiento del derecho.
Las fuentes de información fueron primarias y se seleccionaron por muestreo no probabilístico por conveniencia,
los criterios de inclusión fueron los siguientes: haber denunciado y terminado su proceso de restablecimiento
de derechos con alguna de las Comisarías de Familia del municipio de Tunja Boyacá, ser mujeres denunciantes
en ciclo vital de adultez media y tardía, pertenecer a estratos socioeconómicos uno y dos. En total fueron 25
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mujeres y particularmente, que el evento por el cual denunciaron hubiese sido caracterizado por violencia basada
en género.
Para la recolección de información se empleó la técnica de entrevista mediada por el instrumento de guía de
preguntas, aplicada en un lapso de una hora con cada participante. El instrumento fue dispuesto a validación
por juicio de expertos para garantizar su estructura. Para el proceso de sistematización de hallazgos se empleó
el análisis de codificaciones axiológicas que permitieron interpretar las narrativas brindadas por las participantes
y extraer sub categorías y categorías que poseían una connotación sobre la vulneración experimentada en cada
fase de atención por la entidad.
Aspectos éticos (Suárez, 2021). Para garantizar la identidad y seguridad de la información se empleó el
instrumento de consentimiento informado, el cual se aplicó debido a las exigencias de participación de las
fuentes seleccionadas, ya que mencionaron que para evitar incurrir en aspectos legales o directos con los
funcionarios púbicos de Comisarias participaría voluntariamente sin que su identidad fuera expuesta en los
resultados.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La siguiente tabla integra el esquema categorial de hallazgos logrados según las fases de atención que se
brindan en Comisarías de Familia.
Figura 1
Esquema categorial de hallazgos
Categoría central de estudio
Subcategorías
Vulneración en las fases de
atención
Fase de recepción (ingreso del caso)
Fase de atención (proceso administrativo)
Fase de seguimiento (seguimiento a medidas de restablecimiento
el derecho)
Fase de recepción
Dentro de esta sub categoría se halló que, existen varias manifestaciones y comportamientos hostiles que
generan vulneración directa e indirecta a hacia la mujer denunciante. Específicamente, en la recepción del caso
en la declaración de los hechos se reconoció que hay incidencia de algunos comportamientos coercitivos que
limitan la descripción de los hechos para la clasificación de los aparentes actos punibles, tipos de violencia y
situaciones especiales como lo dispone la Ley 575 del 2000 en su artículo 1 y 2 y de la Ley 1257 de 2008 en
su artículo 8 para la orientación de las víctimas sobre el procedimiento legal que procede.
“Cuando llegue a comentarle a la comisaria no me dejaba ni hablar, parecía que quería desocuparse ya
o ya, y no me prestaba atención a lo que le decía, se veía que anotaba y anotaba en el computador, me
decía que fuera al grano así con dichos como brava […] me sentía regañada
2
” (Y. Montenegro,
Comunicación verbal, 1 de mayo de 2024).
2
Los fragmentos citados entre comillas hacen parte las narrativas proporcionadas por las entrevistas, las cuales se usan por la
investigadora como insumo para sostener la inferencia de datos y discusión critica de hallazgos.
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Lo anterior permite reconocer que hay conductas de la funcionaria que evitan la descripción detalla de los
aparentes actos de vulneración que contradicen el verdadero procedimiento dispuesto por el Decreto Nacional
4799 de 2011 para el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su
protección, los contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997.
Lo anterior como lo plantea Carrero (2023) pueden además configurar sesgos en la toma de decisiones
administrativas para la elaboración del perfil de riesgo e imposición de medidas de protección iniciales (Jara
Carrera, 2021). Además del reconocimiento de otros actos o hechos que también pueden ser tipificados como
delitos o, por el contrario, son importantes para reconocer aspectos claves de la conducta del agresor y no han
sido percibidas como riesgo por la víctima (Fariña et al., 2021).
Así mismo se identificó que, las funcionarias tienden a realizar comentarios frívolos en el momento de la
descripción del caso o emplean un lenguaje no verbal caracterizado por un contacto visual o actos que son
percibidos por la víctima como juzgamiento ante su conducta cuando se relata el evento de violencia, además
se halló que se realizan apreciaciones descalificadoras sobre la conducta de la mujer ante los hechos.
“Cuando dije que me pegaba en varias ocasiones y hablo de cuando llegaba borracho, hacía caras
(refiriéndose a la funcionaria) que me incomodaban y era más cuando decía que entraba a la casa y le
arrojaba cosas, lo que fuera y me decía que porque no me defendía cerrando la puerta o dejándolo
afuera para evitar esas cosas […] uno llora de la impotencia porque lo hacen sentir a uno mal” (I,
Meneses, Comunicación personal, 2 de mayo de 2023).
Lo anterior permite reconocer que, hay revictimización ya que al entrar en contacto con el sistema de justicia en
la recepción del caso por parte de la Comisaria (entidad competente), se incumple el derecho y principio de
igualdad en la atención por la Ley como lo dispone el artículo 14 de la Constitución Política de Colombia de
1991 (y en consenso a las disposiciones en materia de las medidas de atención propuestas por el Decreto 2734
de 2012, artículo 2), evidenciando que contravienen la debida diligencia generando tratos injustos y como lo
plantea Bezanilla y Miranda (2016) e incluso, criminalizándola por los mismos actos de los cuales fue receptora,
entendiendo que hay objetivación basada en un carácter simbólico de la incapacidad de la mujer de detener o
defenderse ante el comportamiento del agresor, bien sea mediante una comunicación verbal o no verbal que
termina afectando la dignidad humana.
Así mismo, se identificó que, dentro de los relatos brindados por las entrevistadas respecto a las causas
generadoras de la violencia institucional en la recepción del caso, hay un tema clave que genera esta práctica y
son las representaciones sociales
3
y los esquemas estructurales
4
que tienen las profesionales, los cuales tienden
a ser machistas y tradicionalistas y se evidencia en sus manifestaciones y contacto con la víctima.
“Es que una se siente extraña con eso, se supone que va a que le ayuden y termina siendo como
juzgada por ellos, con esos comentarios que son machistas y así uno que puede pensar […] le hacen
a uno entender que demalas si le pegó el marido o que demalas porque le tocó esa situación” (S.
Gómez, comunicación personal, 2 de mayo de 2023).
3
Formas de ver moralmente la agresión o actos de violencia de un hombre hacia la mujer.
4
Representación mental o estereotipada sobre algún tema o situación.
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De acuerdo con Durán Palacio et al. (2022) esto no solo resulta un tema de violencia institucional hacia la
victima sino también de violencia estructural, ya que se implica directa o indirectamente como una forma de
privar a la persona víctima en la descripción de los relatos, solicitud o acceso a las medias de protección como
privación elemental (Choque Arando y Gutiérrez García, 2021), mediante la organización y funcionamiento de
las instituciones (Pérez-Mendoza, 2013).
Por otro lado, uno de los actos en los que se evidencia violencia institucional en las narrativas brindadas por
las entrevistadas es en el proceso de definición de las medidas de protección en la fase de atención inicial, pues
en algunos relatos se reconoció que hubo minimización de los actos de violencia por los funcionarios públicos
y prevalencia de o refuerzo de los estereotipos discriminatorios que limitan la interpretación de los actos
delictivos.
“Cuando yo le decía a la Comisaria que él me pagaba cuando llegaba a la casa le decía que él en
cualquier momento lo hacía, utilizando cualquier cosa, mejor dicho, yo le decía cosas, pero ella solo
enfatizaba en lo que había pasado ayer (acto de violencia que la llevó a denunciar) pero tampoco se fijó
que eso era de hace tiempo atrás y seguido y en esas me dijo que no eso no era tan grave, pero lo de
fechas atrás si fue peor el maltrato”
Así mismo se reconoce que estos comportamientos por parte de los funcionarios generan que no se apliquen
los criterios diferenciales para categorizar y determinar el impacto del agravamiento y vulnerabilidad
preexistente en la víctima, además de subestimar de manera prejuiciosa los hechos punibles presentados y las
pruebas entregadas (especialmente cuando hay violencia física y los daños son visibles sin pericia por las
entidades de valoración pericial).
Citando a Amador Tamayo (2021) este tipo de acciones coercitivas no solo dejan en desventaja a la víctima ante
la reincidencia del delito que previamente se ha cometido, sino que aúna el no reconocimiento de la
sistematicidad de los actos de violencia en los que pudo haber estado expuesta la víctima antes de tomar la
decisión de denunciar (Correa Sierra, 2020). Además, como lo sostiene Gualteros Vanegas (2019) generan
consecuencias inmediatas de frustración e impotencia por el acceso a la justicia proyectando imposibilidad de
protección y restablecimiento de los derechos vulnerados, e incluso, una sensación constante de ser víctima de
nuevo, entendiendo que la no haber garantías de protección hay reincidencia por arte del victimario (Ruiz-
Guevara et al., 2022).
Fase atención y proceso
Dentro de esta fase se presenta la práctica de revictimización, ya que en el ciclo de atención según las
disposiciones de la Ley 1257 de 2008 y en algunos casos, de las dispuestas en la 1878 de 2018
5
que modifican
algunos artículos de la Ley 1098 de 2006 en materia de proceso administrativo de restablecimiento de derechos;
se requiere de una valoración socio familiar y psicológica. En esta etapa del proceso hay intervención por parte
del equipo interdisciplinario de Comisaria; psicólogo y Trabajador Social, que según su profesión y métodos
5
Esta aplica en casos donde además de violencia de género, hay violencia extendida hacia otros miembros de la familia, concretamente;
niños, niñas y adolescentes y se requiere recolectar información clave para tomar las medidas de protección adecuadas diferenciando
aquellas por el presunto delito de violencia de género y otras por inobservancia hacia los otros miembros de la familia.
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científicos recolectan información para ampliar el concepto del caso, y la víctima se ve inmersa en evocar el
evento tensor de violencia y relatar los hechos de manera reiterativa para el registro de los profesionales.
“Es feo que cuando al principio uno llega y le cuenta a la Comisaria y después toca a la psicóloga y
después otra vez al Trabajador Social uno se siente mal de estar diciendo lo que le pasó, siente uno
como feo al quejarse […] uno no hace más que estar mal o incluso llorando por lo que acabo de pasa
(evento de violencia)” (L. Rodríguez, Comunicación personal, 2 de mayo de 2023).
Lo anterior permite identificar que no solo la revictimización se ve tangible en el uso de la comunicación verbal
y no verbal de los profesionales cuando estos son hostiles, sino que también se identifica a partir del ciclo
administrativo y del proceso exigido por la Ley, ya que como lo plantea Bodelón (2014) este hecho cronifica las
secuelas del acto de violencia en la receptora al evocar el relato de manera incidente, además, genera un choque
de expectativas con la realidad institucional debido a que las expectativas de denunciante están basadas en
protección y atención diferenciada y el esquema de interacción institución - denunciante es más ominoso.
Es preciso manifestar que, otra de las formas de revictimización fueron notables en los casos donde se presenta
actos aparentes de violencia sexual hacia la mujer (código verde), ya que en la recepción del caso se realiza
una descripción del relato y los eventos involucrados en el momento, cuya descripción no solos se efectúa en
el marco de atención sino también en el proceso de acción interdisciplinaria y de atención especial por las
instituciones competentes, especialmente cuando hay remisión para validar la gravedad del delito mediante el
examen pericial por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
“Es que en mi caso fue horrible, no solo fue contarle a la psicóloga y a la Comisaria fue tener que ir a
medicina legal y halla contar todo, es horrible, yo me sentí mal, es difícil y lo afecta a uno los exámenes
y revisión por los médicos, mejor dicho, todo eso, pasa uno por una situación de manoseo y sé que
no solo me ha pasado a mí, conozco mujeres que han vivido lo mismo incluso si no es por lo sexual
sino por golpes” (L. Camelo, Comunicación verbal, 12 de marzo de 2023).
Lo anterior permite identificar que, a pesar de haber un marco de orientaciones metodológicas y técnicas para
la atención en casos de código verde y de violencia sexual, se presenta re victimización por el personal ante el
mal manejo administrativo y procedimental como lo dispone la Resolución N° 459 de 2012, los lineamientos
de atención integral de la Ley 1146 de 2007, en desarrollo a los artículos 8 y 13 de la Ley 1257 de 2008 y del
5 del Decreto 4796 de 2011 (Modelo y Protocolo de Atención integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual).
De acuerdo con Duque Monsalve et al. (2023) a lo anterior, es notable que estos hechos sean incidentes ya
que en el sistema judicial colombiano han privilegiado la formulación de normativas y legislación que nutren
los procesos y protocolos de atención y prevención de la violencia sexual (Durán Palacio et al., 2022; Tiscornia,
2017), pero no se han desarrollado procesos de formación complementaria en el recurso humano que ejecuta
estas disposiciones en las entidades (Hernández Libreros, 2023) perpetuando la vulneración por sesgos al
incumplir el principio de igualdad y no discriminación como actores del Estado.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el concepto de violencia institucional de Bezanilla y Miranda (2016), se
hallaron otros aspectos claves en materia de vulneración hacia la víctima-denunciante dados en la negligencia
por parte de los funcionarios en la recepción y atención del caso, esto debido a que, se identificó que los
mismos no siempre actuaron de forma inmediata ante la denuncia.
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“Es que yo denuncié, le dije claramente a la Comisaria que estaba pasando y que podía pasar si ella no
me ayudaba o la policía o algo así […]ella sabía que podía pasar” (S. Pulido, Comunicación verbal, 2
de marzo de 2023).
En este relato se identifica que, hay dificultades de la entidad para actuar bajo debida diligencia, se infiere que
esto puede estar generando a que muchas veces los funcionarios son pocos, es decir la capacidad institucional
no cubre la totalidad de demandas existentes para asegurar los requerimientos y solicitudes de los denunciantes.
Así mismo, se halla que en los relatos que no solo hay una indebida atención, sino que, al conjugarse con
aspectos como la categorización del riesgo sesgada por el funcionario receptor, no se imponen las medidas de
prevención y atención correspondientes generado que haya una reincidencia del delito antes de la audiencia
(Sentencia C – 029 de 2009).
“Cuando fui y denuncié, él se enteró que yo está allá no sé cómo y me espero en la casa y me pegó
otra vez […] y yo le dije a la comisaria, ella sabía porque se lo dije varias veces” (Linares, comunicación
verbal, 11 de marzo de 2023).
Dichas situaciones incumplen con disposiciones del Decreto 652 del 2001 y Decreto 4799 de 2011 en términos
de trámite y asistencia de las medias de protección, de acuerdo con Tibaná-Ríos et al. (2020) esto evidencia la
omisión de la información recibida por la funcionaria ante el debido proceso, más aún cuando en este tipo de
casos se debe activar a red de apoyo de Policía para inspeccionar si el ambiente- retorno de la denunciante esta
en óptimas condiciones, es decir; que no haya factores de riesgo que generan vulnerabilidad en su domicilio
consolidando eficacia de la valoración policial del riesgo donde han ocurrido los hechos (López-Ossorio et al.,
2016).
Fase de seguimiento
Dentro de esta sub categoría se halló la revictimización y negligencia, en la primera, ante la reincidencia del
delito ante la reincidencia del delito. Ya que a raíz de la experiencia vivida por la víctima – denunciante en la
fase de recepción y atención central, en la etapa de seguimiento no es común que cuando haya reincidencia del
delito la victima denuncie nuevamente o reporte los hechos punibles a la institución, debido a que perciben que
de nuevo será juzgada por parte de los funcionarios y en todo el ciclo de referencia de atención que se despliega
como se dispone en el Decreto 4799 de 2011, artículo 3, numeral 9, Parágrafo 3 y con lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 575 de 2000 ante el incumplimiento.
“Es incómodo, ya viví esa experiencia horrible de contar y contar y que al final vuelva y pase lo mismo,
y más papeleo […] el solo acordarme de eso me deja traumada, como que me da miedo, no se sabe
que es más difícil si ir a contar de nuevo o que las cosas se pongan peor con él (victimario) por acudir
a la Comisaria” (J, Salazar, comunicación personal, 3 de mayo de 2023).
Lo anterior permite ver que además de la percepción negativa de la revictimización vivida, se aúna la experiencia
traumática de externalización interna del conflicto (evento de violencia no abordado) y como lo plantea Rubio
Rodríguez y García Callejas (2022) se ve implícito el sacrificio de una fracción de la unidad consciente e
inconsciente por la inversión del objeto institucional; es decir, la misma institución termina promoviendo lo
opuesto a lo que está orientada y en defecto, crean incluso más víctimas (Nítola Vianchá, 2021).
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En el segundo aspecto de negligencia, se halló que algunos funcionarios ya conocen el caso y como han
identificado que la víctima aún no está en un estado de riesgo considerable ejecutan el trámite de manera menos
ágil.
“Él tiempo después volvió y me pegó, y fue peor, duro tres meses que no hacía nada porque le daba
miedo que la policía lo recogiera o le hicieran algo allá, pero volvió y lo hizo y es que para donde cojo
yo con los niños, uno está amarrado aquí […] es que si uno no está que se muere de los golpes no
hacen nada “(R. Ruiz, comunicación verbal, 10 de marzo de 2012).
Finalmente, se menciona que, con base en los hallazgos hechos es necesario que se realicen investigaciones
futuras que permitan dilucidar la necesidad de cambiar aspectos administrativos que forjan la burocracia en el
acceso al sistema de justicia por las mujeres víctimas de violencia basadas en género, que eviten la repitencia
de eventos que conducen o exponen a la víctima a feminicidio o a otros hechos punibles, y sobre todo, en
sistematizar la necesidad de la formación y cualificación de los funcionarios públicos en la atención integral con
enfoque de género.
4. CONCLUSIONES
De acuerdo a la fase de recepción se halla incidencia de algunos comportamientos coercitivos y de omisión que
limitan la descripción de los hechos para la clasificación de los aparentes actos punibles, tipos de violencia y
situaciones especiales que contradicen el verdadero procedimiento, además configuran sesgos en la toma de
decisiones administrativas para la elaboración del perfil de riesgo e imposición de medidas de protección
iniciales, uso de un lenguaje no verbal caracterizado por un contacto visual o actos que son percibidos por la
víctima como juzgamiento ante su conducta cuando se relata el evento de violencia, hay revictimización ya que
al entrar en contacto con el sistema de justicia hay objetivación basada en un carácter simbólico de la incapacidad
de la mujer de detener o defenderse ante el comportamiento del agresor, elementos que no solo resultan un
tema de violencia institucional hacia la victima sino también de violencia estructural.
En la fase de atención y seguimiento, hay incidencia de prácticas de revictimización, donde la víctima se ve
inmersa en evocar el evento tensor y relatar los hechos de manera reiterativa para el registro de los profesionales.
Dichos hechos cronifican las secuelas del acto de violencia en la receptora al evocar el relato de manera
incidente, además, genera un choque de expectativas con la realidad institucional y sus comportamientos
negligentes en la recepción y atención del caso para actuar bajo debida diligencia, aspectos que generan que
no se impongan las medidas de prevención y atención correspondientes concibiendo que haya una reincidencia
del delito antes de la audiencia.
Conflicto de intereses / Competing interests:
La autora declara que el presente proyecto no representó conflicto de intereses de ninguna parte.
Rol de los autores / Authors Roles:
No aplica.
Aspectos éticos/legales:
La autora declara no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la
investigación.
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Fuentes de financiamiento / Funding:
Las fuentes de financiación que dieron lugar a la investigación son de carácter personal y motivación profesional.
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